Ética de la Función Pública

Las situaciones que trabajamos en clase fueron muy variadas: un funcionario aceptaba "regalos" para agilizar ciertos trámites judiciales, una enfermera gestionaba los turnos médicos de manera "dudosa", un jefe de departamento preparaba un llamado a selección de personal para favorecer a un amigo suyo... Todas estas situaciones pueden ser consideradas como "problemas de ética pública", pero no todas tienen las mismas características, dado que, como mencionamos anteriormente, cada situación puede representar distintos tipos de conflicto.

En términos amplios, podríamos comenzar a clasificar nuestras situaciones éticas a partir de las siguientes categorías de problemas de ética pública o riesgos posibles en la ética pública (tengamos en cuenta que una misma situación puede vinculares con más de una de estas categorías, puesto que puede estar presentando varias irregularidades, conflictos de intereses o netas infracciones y, por ende, plantear más de un riesgo para la función pública):

• Abuso de poder/autoridad: Una situación en la que la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros -debido a su cargo público, jerárquico, de conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su propio beneficio.
  
• Uso inapropiado de la discrecionalidad administrativa: Una situación en la que un funcionario toma decisiones administrativas sin justificación objetiva, como sea por favoritismo, discriminación, corrupción o cualquier acción que viole las normativas y procedimientos establecidos.
• Vulneración de derechos y libertades ciudadanas: Cualquier acción u omisión realizada por funcionarios públicos que termine por violar los derechos fundamentales y libertades civiles de los ciudadanos garantizados por la Constitución o las leyes.
• Temas irresueltos que provocan situaciones injustas, dispendios, inacción institucional: Problemas o conflictos que, a pesar de requerir atención y solución por parte de las autoridades competentes, permanecen sin resolver y, consecuentemente, pueden generar injusticias, gastos innecesarios y una falta de acción o respuesta adecuada por parte de las instituciones públicas.
• Discriminación por motivos de raza, género, confesión, orientación sexual, etnia, edad, discapacidad, nacionalidad, ideología, estatus social: Situaciones en las que los funcionarios públicos tratan de manera desigual o injusta a las personas debido a características personales que no constituyen criterios objetivos legales o procedimentados.
• Abuso del secreto y la confidencialidad: Uso indebido de información clasificada o privada a la que los funcionarios tienen acceso en el ejercicio de sus funciones, principalmente el uso de dicha información para beneficio personal o para perjudicar a terceros.
• Filtración de información a amigos y familiares: Refiere a la comunicación de información y datos de la administración pública a amigos o familiares del funcionario, los cuales se pueden ver beneficiados por dicha filtración.
• Extorsión de funcionarios a ciudadanos: Refiere al acto de un servidor público que utiliza su posición o autoridad para amenazar, intimidar o coaccionar a un ciudadano con el fin de obtener un beneficio indebido, ya sea económico o de otro tipo.
• Robo o alteración de información o expedientes: Se trata de la manipulación indebida de los registros administrativos de la administración pública o su hurto en pos de invisibilizar situaciones irregulares, sean estas por error o por acción voluntaria.
• Regalos y sobornos (directos o indirectos): Se trata de la petición o recepción por parte de un funcionario público de cualquier tipo de bienes (dinero, objetos, etc.) o servicios para uso personal o de terceros. A cambio, el funcionario público realiza acciones excepcionales u omite controles o penalizaciones a la persona que brinda el regalo o soborno.
• Colusión o asociación ilícita: Se refiere al acuerdo o conspiración entre dos o más personas para cometer un delito o acto ilícito con el objetivo de obtener un beneficio indebido, como la cooperación entre funcionarios públicos y terceros para manipular licitaciones, otorgar contratos de manera fraudulenta o realizar otras acciones corruptas que perjudiquen el interés público.
• Opacidad: Se trata de la falta de transparencia y claridad en las acciones, decisiones y procesos llevados a cabo por las instituciones gubernamentales. Esto implica la ocultación o restricción de información relevante que debería ser accesible al público.
• Gestión inadecuada de conflicto de intereses: Situación en la que un funcionario público participa en decisiones o acciones en las que sus intereses personales, financieros o familiares podrían influir o verse beneficiados, creando un potencial conflicto con sus responsabilidades públicas.
• Dilemas de prioridades de políticas: Se refiere a situaciones en las cuales no se puede establecer con claridad cuál debe ser la prioridad de aplicación de políticas públicas o de resolución de conflictos públicos o en las que los funcionarios establecen prioridades que claramente no condicen con las prioridades del interés público.
• Desvío de recursos o apropiación indebida - peculado: Se refiere al acto ilegal de un funcionario público de apropiarse o utilizar de manera indebida bienes, fondos o recursos que están bajo su responsabilidad o administración.
• Despilfarro de recursos: Se trata de situaciones en las que los funcionarios públicos no administran o utilizan los recursos públicos con eficiencia y, consecuentemente, terminan generando gastos innecesarios de la institución en la que trabajan.
• Gestión inadecuada de recursos: Se trata de situaciones en las que los funcionarios utilizan idebidamente los recursos del Estado para beneficio personal, ya sean recursos monetarios, espacios, personal, mobiliario, dispositivos, papelería, etc.
• Uso indebido de viáticos, complementos retributivos o ayudas: Situaciones de apropiación o utilización fraudulenta por parte de un funcionario público de fondos destinados para gastos de representación, compensaciones adicionales o asistencias económicas en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye la falsificación de gastos, la obtención de reembolsos injustificados o el desvío de estos recursos para fines personales o no autorizados.
• Clientelismo y tráfico de influencias: Se refiere a la práctica política en la que los funcionarios públicos otorgan favores o beneficios a individuos o grupos específicos a cambio de apoyo político, lealtad o votos, más que basarse en criterios objetivos o necesidades públicas.
• Fragmentación de contratos: Situación en la que se divide un proyecto o servicio en múltiples contratos más pequeños con el propósito de eludir los límites legales o procedimientos de licitación pública establecidos. Esto puede ser utilizado para evitar la competencia abierta, eludir controles de transparencia y favorecer a determinados proveedores o contratistas sin justificación objetiva.
• Convocatorias y pliegos ad-hoc: Son procesos de licitación o contratación pública diseñados específicamente para satisfacer requisitos particulares o beneficiar a determinados proveedores o contratistas. En lugar de seguir procedimientos estándar y transparentes, se elaboran convocatorias y pliegos a medida que pueden limitar la competencia, restringir la participación de potenciales oferentes o favorecer a intereses específicos.
• Nepotismo/amiguismo: Es la práctica de favorecer o dar preferencia a familiares o amigos cercanos en la contratación, promoción o asignación de cargos y beneficios en el ámbito laboral o público, en lugar de basarse en méritos, habilidades o competencias profesionales.
• Gestión y control deficiente de personal: Se refiere a la falta de supervisión, seguimiento y evaluación adecuados de los empleados en una organización o entidad pública. Esto implica la ausencia de políticas claras, procedimientos eficientes y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de responsabilidades, el desempeño adecuado y la integridad de los empleados.
• Vulneración o abusos de derechos laborales: Es la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito laboral, incluyendo aspectos como el salario justo, las condiciones de trabajo dignas, la seguridad y salud ocupacional, la libertad sindical y la no discriminación, entre otros. Estos abusos pueden manifestarse a través de prácticas como el trabajo forzoso, la explotación laboral, la discriminación laboral, el acoso laboral o la negación de derechos laborales básicos.
• Suplantaciones: Se refiere a la acción de una persona que se hace pasar por otra, usurpando su identidad o roles, con el propósito de engañar, obtener beneficios indebidos o cometer fraudes. En el contexto público, la suplantación puede implicar la falsificación de documentos, la usurpación de funciones o la utilización fraudulenta de la identidad de otra persona para acceder a recursos, privilegios o información confidencial.
• Gestión inadecuada de incompatibilidades: Se refiere a la falta de control y supervisión de posibles conflictos de interés que puedan surgir cuando un funcionario público tiene simultáneamente responsabilidades o intereses que pueden entrar en conflicto con sus obligaciones públicas.
• Mobbing - acoso laboral: Una forma de hostigamiento psicológico y abuso en el entorno de trabajo, donde un empleado es sometido a conductas negativas, intimidatorias, humillantes o discriminatorias de forma repetida y prolongada por parte de colegas o superiores. Estas acciones tienen como objetivo generar un ambiente laboral tóxico, afectar la salud mental y el bienestar del trabajador, y pueden incluir acciones como insultos, rumores, exclusiones, amenazas o sabotajes laborales.
• Decisiones administrativas trastocadas por prioridades o presiones político-partidistas: se refieren a la influencia indebida de intereses políticos o partidarios en la toma de decisiones de las autoridades administrativas, lo que implica que las acciones y políticas públicas son determinadas por consideraciones políticas que buscan favorecer a un grupo o partido específico.
• Protección a miembros del gremio, organización o partido, favorecimiento injustificado o dejación del deber de denuncia: Se refiere a la acción de un funcionario público de brindar trato preferencial, evitar sanciones o no actuar ante irregularidades cometidas por individuos afiliados a un determinado grupo, sindicato, organización política o partido.
• Impunidad: Se refiere a cualquier situación en la que los funcionarios públicos obran de manera indebida en el ejercicio de sus funciones y dichas transgresiones resultan sin ningún tipo de sanción. La impunidad puede presentarse por diversos motivos, sea por falta de denuncia, por control indebido, por favoritismo por parte de la autoridad sancionante, por temor de los denunciantes de cualquier tipo de repercusión, etc.